Rondas y alcaldes, instituciones españolas que contribuyeron a la seguridad del Reino de Chile

Rondas y alcaldes, instituciones españolas que contribuyeron a la seguridad del Reino de Chile

Una vez en América los conquistadores españoles rápidamente reprodujeron las instituciones administrativas vigentes en la península ibérica. Entre ellas, las Rondas, la Santa Hermandad -compuesta por los Alcaldes de la Hermandad- y durante la Colonia los Alcaldes de Cuartel y de Barrio. Todos desempeñaron funciones de vigilancia en diferentes escenarios, contribuyendo a la estabilidad social del reino de Chile.

Las rondas en Chile

A los pocos meses de fundada la ciudad de Santiago, comenzaron las hostilidades lideradas por el cacique Michimalonko, las que culminaron con el ataque y destrucción de la ciudad, el 11 de septiembre de 1541, por ello el temor a un nuevo incidente era significativo y generó acciones orientadas a garantizar mayor seguridad. En este contexto nacen las rondas, inicialmente encomendadas al Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, en sesión del Cabildo del 13 de marzo de 1549.

Éste era un sistema de autotutela, de origen europeo, basado en la vigilancia policial nocturna, efectuada por los propios vecinos de la ciudad. En tanto, el Coronel Diego Miranda en su texto La Policía y Carabineros. Ensayos históricos y biográficos agrega que “no fue una institución orgánica ni estable, sino eventual”. Por otro lado, tampoco se puede delimitar bien si su funcionamiento está relacionado con lo que hoy llamamos “defensa” o con lo que se conoce como “seguridad”, pues los límites entre ambos conceptos que hoy parecen tan definidos en aquella época eran muy difusos.

Los alcaldes como fiscalizadores

En 1476 la Reina Isabel La Católica creó la Santa Hermandad compuesta por alcaldes de esta orden, cuyo objetivo era garantizar la seguridad pública. Este sistema se implantó en América con una orientación rural considerando la extensión territorial. En la década de 1580, gran parte de la población, de lo que hoy es Chile, vivía diseminada en los campos, donde los asaltos y robos sucedían con frecuencia, causando alarma e inseguridad entre los habitantes, quienes necesitaban un sistema eficiente de vigilancia.

En este contexto, el 4 de septiembre de 1587 el Cabildo de Santiago nominó Alcalde de Hermandad al Capitán Juan Ortiz de Cárdenas, dando origen este nombramiento al nacimiento de la Policía Rural de Chile, en tanto, el Oficial fue reelegido al año siguiente.

Su función era perseguir y castigar los delitos en las zonas rurales, para lo cual contaban con la ayuda de cuadrilleros, encargados de aprehender a los delincuentes. A partir de 1614 fue requisito, para desempeñar este cargo haber sido regidor del Cabildo, asegurando así que quien lo ejerciera tuviera conocimientos y experiencia en la correcta administración de Justicia.

Paralelamente, existían Alcaldes de Minas, encargados de cautelar los robos de oro y castigar a quienes los cometieran en los yacimientos explotados. Otra Institución similar eran los Alcaldes de las Borracheras, establecidos en 1568.

El Alcalde de las Aguas se creó en 1573 para repartir ésta a las chacras y acequias de la ciudad, cuidando que nadie infringiera las ordenanzas relativas a la materia; mientras el Alcalde de los Zapateros, instaurado en 1576, debía fiscalizar los trabajos de calzado y velar que cobrasen un precio justo por ellos. Destaca el Alcalde Mayor de la Mar, creado en 1605 que debía visitar todos los navíos en Valparaíso y otros los lugares confluyentes a la costa, con el fin de evitar la existencia de personas sin licencia o mercaderías no registradas. Éste es el origen de los actuales Alcaldes de Mar, autoridades que, con visado previo de la Armada de Chile, ejercen una función de fiscalización y control en las innumerables caletas marítimas y lacustres que existen en nuestro país.

Alcaldes de Cuartel y de Barrio

En 1780 el Gobernador Agustín de Jáuregui fue designado por el Rey Carlos III Virrey del Perú, por lo que tuvo que dejar la Gobernación de Chile en manos del regente de la Real Audiencia, Tomás Álvarez de Acevedo, en quien recayó la responsabilidad de poner en práctica la división de la ciudad en cuarteles y, por ende, la institución de los cargos de Alcaldes de Cuartel y de Barrio.

Para ello, la ciudad se dividió en cuatro cuarteles teniendo como límites las calles Puente-Ahumada en sentido norte-sur y Merced-Compañía de oriente-poniente. A cada uno se asignó un oidor de la Real Audiencia, para que se hiciera cargo de la seguridad. Este sistema era una copia de lo que se había realizado en Madrid en 1768, cuyo objetivo era controlar la vida cotidiana de la ciudad, tras una serie de revueltas que la asolaron dos años antes.

Cada cuartel se dividía a su vez en cuatro barrios, los cuales eran entregados a un Alcalde de Barrio, quien era un vecino notable que debía residir en él. Su misión era conocer todo aquello que ocurría en su sector, por ejemplo si había enfermos, mendigos, tabernas o casas de juego, entre otros.

Ambos contaban con los alguaciles menores para efectuar las rondas, las aprehensiones y demás diligencias propias del cargo. No usaron uniforme, el distintivo de su cargo y autoridad era un bastón con empuñadora de oro, que reemplazó a la Vara de la Justicia.

Entre sus misiones estaba la de recibir personalmente las declaraciones de los testigos en los casos de cierta gravedad; en aquellos donde los atestiguantes no supieran firmar y tomar siempre las confesiones de los reos, so pena de nulidad del proceso.

En 1817, los Alcaldes de Cuartel fueron reemplazados por los Inspectores de Cuartel; mientras los Alcaldes de Barrio comenzaron a usar una pequeña placa colgando de un botón para ser identificados por la población.


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